El sector de la construcción se dirige, cada vez en mayor medida, hacia soluciones sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Algunas propuestas que marcan el camino son iniciativa propia, otras son resultado de presiones externas. Es el caso de la medida -impuesta por Bruselas en 2012 y aprobada en 2020 por amenaza de una multa europea- que obligará a los hogares a poner fin a la calefacción central el 1 de mayo de 2023. En GTI Zaragoza te contamos todo lo que sabemos sobre el tema.
Hasta el 2023, el proceso en el que nos encontramos ahora es de adaptación y de búsqueda de alternativas. De momento, las que se dan pasan por la instalación de unos dispositivos que permitan facturar en las instalaciones comunitarias el consumo de manera individual. De esta forma, se evitan las pérdidas de calor y energía que surgían a raíz de un sistema que no podía controlarse por cada vecino, pues muchas veces se abrían ventanas si en las casas hacía mucho calor.
Si no se cumple la norma, habrá sanciones. No obstante, hay un calendario progresivo: en las zonas más frías debían contar con los sistemas para repartir el consumo desde mayo de 2022. Desde octubre, la obligación se extiende a un gran número de ciudades, entre las que se encuentra Zaragoza, y acabará en la primavera de 2023 con la zona de zona climática C, que engloba casi toda la cornisa cantábrica y de la que también forma parte Barcelona.
Según cálculos de la patronal de empresas instaladoras de repartidores de consumo AERCCA, 1,6 millones de hogares en España deberían adapatarse y solo 250.000 han dado ya el paso. Es decir, quedan 1,3 millones de casas y menos de un año por delante para alcanzar la mayor eficiencia energética posible.
El ahorro, en lo que se ha podido comprobar, va entre un 15% y un 20%, aunque hay estudios europeos que elevan el porcentaje hasta el 30%. La instalación es sencilla y, en las modalidades más básicas, puede costar unos 150 euros por vivienda o 6 euros al mes, si se opta por la modalidad de alquiler. Además, la regla excluye a las comunidades que demuestren que la instalación no se amortiza con los ahorros en cuatro años.
