La nueva Ley de Vivienda se aprobó definitivamente en el Senado el pasado 17 de mayo y se llevó al BOE una semana después. La norma incluye nuevos conceptos que hasta el momento no habían formado parte de ninguna legislación, como la regulación de los precios de alquiler de zonas tensionadas, una nueva definición de la figura de los grandes propietarios o la creación de un índice de referencia que determinará las rentas que se pagan por los pisos. Estos han sido algunos de los asuntos que más interés han despertado entre inquilinos y tenedores. No obstante, hay muchas otras claves que son importantes de conocer. Desde GTI Zaragoza nos encargamos de resumírtelas en este artículo.
Se recogen nuevos criterios para que los gobiernos regionales y locales declaren una zona como tensionada. En un principio debían cumplirse dos aspectos. Por un lado, la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler más los suministros básicos debían superar el 30% de los ingresos medios de la zona. Por otro, el precio de la vivienda, ya sea de compra o alquiler, en los cinco años previos a la declaración, debían haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos cinco puntos porcentuales por encima del IPC autonómico. Ahora el decreto se podrá hacer efectivo cuando se cumpla tan solo una de las condiciones que la ley establece. La declaración se revisará cada tres años por la comunidad autónoma o el municipio y podrá revertirse antes en caso de que el mercado se haya relajado. En este sentido, el texto recoge un sistema de bonificación fiscal en el IRPF para aquellos propietarios que tengan viviendas en alquiler en zonas tensionadas. Tendrán una reducción de hasta el 90% si bajan la renta en al menos un 5% respecto al contrato anterior.
Otra novedad es el rediseño de la figura de gran propietario. Hasta ahora se consideraba como tal a una persona física o jurídica que poseyera al menos diez inmuebles urbanos de uso residencial. Continuará siendo así, pero la norma rebaja hasta cinco el número de viviendas que tiene que poseer un casero, siempre que las tenga en zona tensionada, para ser considerado gran tenedor.
Además, con la nueva ley los inquilinos ya no pagarán los honorarios de las inmobiliarias. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador. Las partes podrán pactar que los gastos generales de inmueble y sus servicios sean a cargo del arrendatario, pero se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.
Los ayuntamientos también podrán aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas que estén vacías durante más de dos años. A partir de ese momento, la penalización sería de al menos el 50%, llegando a un máximo del 150% en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas desocupadas que sean del mismo titular. Las comunidades autónomas deberán informar al Ministerio de Transportes del número de viviendas vacías que hay en cada territorio con el objetivo de optimizar el parque edificatorio residencial. En suma, se reservará un 40% de suelo urbanizable para vivienda protegida (aumenta un 10%) y un 20% de suelo no consolidado.
Si estás pensando en poner en venta una vivienda o un local, en GTI Zaragoza podemos ayudarte. También si quieres comprar o informarte sobre sobre el mercado, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo. Estaremos a tu disposición.
