El plan de ahorro para ahorrar energía propuesto por el Gobierno central ya está en marcha. En GTI Zaragoza te contamos todas las normas y a quién afecta.
Desde que el pasado 10 de agosto entrasen las primeras medidas en vigor, los escaparates apagan sus luces a las diez de la noche y los edificios públicos reajustan a 27 grados la temperatura de sus aires acondicionados. El objetivo es reducir el consumo energético ante la crisis de precios y el riesgo de que Moscú propicie un corte en el suministro de gas a Europa.
Estas recomendaciones son la antesala de un plan que se completará el 30 de septiembre, con la obligación de que todos los edificios cuenten con un sistema automático de cierre de puertas para evitar que estén abiertas de par en par, algo común en bares o tiendas. De igual modo, los edificios obligados a limitar su temperatura, deberán informar sobre las nuevas medidas de ahorro a través de carteles o pantallas visibles desde su entrada. Tendrán hasta el 2 de septiembre para hacerlo. Además, deberán adelantar la inspección de eficiencia energética antes de que acabe el año aquellos edificios que hayan realizado la anterior antes del 11 de enero de 2021.
Los locales que tengan usos administrativos (administración pública, oficinas), comerciales (tiendas, grandes almacenes, supermercados), la hostelería o los espacios culturales deberán acogerse a la norma. Los hogares quedan exentos de la restricción. Asimismo, la regulación de la temperatura encontrará algunas excepciones en sectores como la hostelería, para no afectar a la salud laboral de los empleados y limitará su temperatura a 25 grados -en vez de a 27, como impone de manera general el decreto-. También quedan excluidos los centros de formación (universidades, colegios, guarderías), centros sanitarios y hospitales, peluquerías y lavanderías, gimnasios, medios de transporte o las habitaciones de los hoteles.
Con esto, el Gobierno calcula un ahorro en el consumo por cada grado del 7%. “No nos podemos perder ni un solo kilovatio hora”, dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la aprobación del plan.
Incumplir el decreto puede costar multas de hasta 100 millones de euros. Si bien la ley no las menciona directamente, señala que se aplicará lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que a su vez remite a la Ley de Industria de 1992, donde también se indica que las infracciones leves costarán hasta 60.000 euros, las graves un máximo de seis millones y las “muy graves” hasta 100 millones. No obstante, las responsables son las comunidades autónomas.
Las medidas -salvo el cierre automático de puertas, que no tiene fecha de finalización- estarán en vigor hasta noviembre de 2023.
